Abstract

La experiencia histórica del sistema ético- disciplinario en el periodo 1925-1981 revela que la colegiatura obligatoria no fue, por sí sola, un sistema efectivo para asegurar un adecuado control ético sobre la profesión jurídica. Esta inefectividad se debió a tres causas. La primera fue el déficit de representatividad del Consejo General del Colegio de Abogados, que fue el principal órgano encargado de realizar el control ético. La segunda causa fue la falta de adaptación a los cambios sociales y la baja receptividad del Consejo General a las necesidades y requerimientos de la comunidad extra-profesional (es decir, los clientes y otras personas quienes sufrían las consecuencias de la falta de ética profesional). Esto impidió al Colegio de Abogados adaptar los procedimientos disciplinarios a un nuevo contexto de mayor demanda por el ejercicio del control ético. El tercer factor consistió en la paradójica y contradictoria relación del Colegio de Abogados con la política, que terminó por penetrar su sistema de control ético-disciplinario en un contexto de creciente polarización.