Abstract

La radiodifusión que opera sin licencia es una realidad en Latinoamérica, en general, y en Chile en particular, debido a la regulación arbitraria de los Estados que han privilegiado la libertad de empresa por sobre la libertad de expresión. Al amparo de sus legislaciones, Brasil, México, Honduras y Chile penalizan la transmisión radial sin autorización, contraviniendo con ello estándares de libertad de expresión y de derecho a la comunicación internacionalmente aceptados. El caso chileno es paradigmático en un doble sentido: primero, el Estado criminaliza un acto de libertad de expresión que puede costar la cárcel a los comunicadores o responsables del medio, con penas de hasta cinco años de prisión; justamente, en el sentido contrario a los esfuerzos del sistema interamericano de derechos humanos y de organismos defensores de la libertad de expresión de carácter mundial en orden a despenalizar este tipo de prácticas; y, segundo, el Estado asegura que no hay frecuencias radiofónicas disponibles y que el espectro radioeléctrico está saturado, lo que opera como una barrera de entrada para nuevos actores a la radiodifusión. Esto último se ve agravado, además, por la facilidad de los actuales concesionarios de renovar sus licencias, pues gozan con derecho preferente, lo que dificulta aún más de que nuevos actores accedan al espacio radioeléctrico. La presente ponencia caracteriza una década (2000-2010) de restricciones y penalización a la radiodifusión comunitaria, sobre la base de las denuncias contra radios que operan sin licencia registradas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) , así como también a partir de la revisión de los casos más emblemáticos del periodo. De acuerdo a estos antecedentes, analizamos la incompatibilidad de la acción penal con el ejercicio de la libertad de expresión como derecho humano fundamental.