Abstract

La aspiración a garantizar un acceso universal y equitativo a energías modernas y no contaminantes, y más específicamente la noción de ‘pobreza energética’, ha ido cobrando relevancia como objetivo de política social durante los últimos años. Sin embargo, carece todavía de una reflexión acabada sobre las justificaciones y consideraciones económicas que podrían motivar y guiar iniciativas públicas en esta dirección, sobre todo en Chile. Aunque los defectos en la provisión privada de energía pueden sentar las bases para una intervención estatal en el sector, no alcanzan para justificar estándares mínimos de consumo como aquellos requeridos por la idea de pobreza energética. Por el contrario, dichos estándares se condicen con una comprensión de la energía como un bien meritorio, a propiciarse con independencia de las preferencias de sus beneficiarios. Esto se hace más evidente al considerar el creciente énfasis, otorgado por la literatura especializada, a transitar desde definiciones limitadas de pobreza energéticas –asociadas a la falta de oportunidades económicas o tecnológicas para el acceso a la energía– hacia comprensiones más integrales y multidimensionales del fenómeno. Estas últimas comprenden la pobreza energética en términos de la efectiva capacidad de toda persona y hogar para acceder a servicios energéticos adecuados para satisfacer sus necesidades, lo que implica poner énfasis sobre la igualación de los beneficios que la energía concretamente proporciona a sus usuarios, en lugar de la mera igualación de la oportunidad de acceder a los servicios energéticos que el mercado ofrece. Esto otorga una incrementada relevancia a la incorporación de los recientes hallazgos que la economía conductual ofrece respecto a la comprensión e intervención en los contextos, hábitos y decisiones de consumo de las personas, de las cuales dichos beneficios dependen.