Abstract

En este capítulo se analiza las políticas de castellanización de las poblaciones indígenas coloniales, enfatizando las coyunturas administrativas que estas abrieron en la Audiencia de Charcas entre los siglos XVI al XVIII. Entre la segunda mitad del siglo XVI hasta fines de la década de 1760, la política del lenguaje estuvo dominada por la pregunta respecto de la capacidad de las lenguas indígenas para traducir la doctrina cristiana y el orden político colonial. El proyecto de castellanización pretendía sortear esta dificultad y confiaba en que esta transformación idiomática permitiría incorporar a los indios a un orden cristiano y político. Quienes se mostraban contrarios adujeron que la reducción de las lenguas indígenas a gramáticas era prueba suficiente del orden y policía de quienes las hablaban, por lo tanto, era posible predicarles en sus propias lenguas y salvaguardar la diversidad lingüística. En general, los partidarios de la castellanización de las poblaciones indígenas vieron en las experiencias romanas e incas un modelo a seguir en la implementación de una lengua al servicio del imperio; además, ellos compartieron la concepción que la diversidad lingüística era expresión de desorden y escaso valor económico. En esta perspectiva, la diversidad lingüística se vio como un estorbo para la política, la economía y la religión coloniales. La política colonial reanudó estos debates en la década de 1770, en un marco general de reformas cuyo objetivo fue asegurar el fomento y la civilidad de los territorios y poblaciones coloniales. Algunos funcionarios ilustrados consideraron que la mantención de las lenguas indígenas era la expresión de un prejuicio asentado, según el cual la población indígena era incapaz de adquirir las luces del conocimiento.