Abstract

Este artículo analiza una paradoja que atraviesa los discursos de los actores públicos que afirman que el aborto es un crimen que la ley debe castigar –algunos proponen redefinirlo como un crimen contra las personas y, al hacerlo, imponer penas más severas–, que es un atentado a la vida que comienza con la concepción; sin embargo, también sostienen que no debiera ir a la cárcel la mujer que al ha-cerlo transgrede la ley que lo castiga. En los discursos públicos la ley no aparece orientada a su cumplimiento. ¿Por qué es así? Este artículo es una indagación en torno a dicha pregunta.