Abstract

La concentración de actividades humanas en territorios con urbanización intensa y carentes de planificación territorial, conduce a una alteración acumulativa de los procesos e interacciones en los ecosistemas naturales. Ante esto, se hace necesaria la adecuada planificación del crecimiento urbano en concordancia con el uso potencial y sustentable de los territorios. Esto es relevante en las regiones urbanas con valores ambientales naturales y patrimoniales, que eviten la degradación, la fragmentación espacial de lo agrícola y natural y la segregación socio-ambiental, entre otros. El objetivo del trabajo fue la identificación de las principales, divergencias, convergencias e incoherencias en materia de ordenamiento territorial, entre las normativas que regulan los usos del suelo asignados en los instrumentos de planificación territorial (IPTs) (Plan Regulador Intercomunal Satélite La Campana y PREMVAL) y los criterios de sustentabilidad que guían a las áreas naturales y patrimoniales propuestas en la Zonificación de la Reserva de la Biosfera la Campana –Peñuelas (RB), analizando la coherencia de la política urbanística y ambiental nacional. A través del estudio del Plan Regional Intercomunal Satélite La Campana y su contraste temático y cartográfico de la regulación espacial de los usos asignados, con el modelo de zonificación propuesto en la RB La Campana-Peñuelas, se analizaron los diferentes espacios de imbricación entre áreas de expansión y protección. Los resultados de las observaciones y recomendaciones en cada zona RB (núcleo, amortiguación y Transición), indican la coexistencia de zonas de conflictos territoriales, y en otras áreas de valor natural y agrícola. Se observa la inexistencia de una concordancia entre los IPTs que velen por la protección de las áreas de valor ambiental. La normativa presenta numerosas incoherencias y divergencias desajustadas de los criterios del desarrollo sustentable y de una figura de protección como una RB, particularmente en áreas asignadas con usos agrícolas. Se recomienda, actualizar las herramientas de participación y sensibilización ciudadana y modificar los criterios de sustentabilidad con los que son realizados los Instrumentos de Planificación Territorial.