Abstract

La Propuesta Constitucional, en su artículo 59, consagra a la energía dentro del catálogo de derechos fundamentales, recogiendo nociones como un mínimo vital de energía asequible y segura, garantizando su acceso equitativo y no discriminatorio, fomentando una matriz energética distribuida, descentralizada y diversificada basada en energías renovables y de bajo impacto ambiental, y protegiendo a las empresas cooperativas y el autoconsumo. Estas nociones, se presentan a lo largo de 5 incisos que pueden sintetizarse en 2 lineamientos: la energía en su cualidad de derecho humano (incisos 1 y 2) y la administración de la energía en su cualidad de bien público (incisos 3, 4 y 5).