Abstract

La hipoacusia congénita, se define como la disminución parcial o total de la audición al momento del nacimiento, afectando aproximadamente a 1-3 de cada 1000 nacidos vivos a nivel mundial. En Chile, se estima que esta cifra varía entre 0,6 y 4 por cada 1000 RN (Ministerio de Salud de Chile, 2021). Detectar la hipoacusia a tiempo es una prioridad sanitaria: una intervención integral y oportuna previene consecuencias en lenguaje, aprendizaje e inclusión. El tamizaje auditivo universal (a todos los recién nacidos antes del mes) permite identificar precozmente a quienes podrían tener pérdida auditiva e iniciar diagnóstico y rehabilitación temprana, reduciendo su impacto en el desarrollo. La evidencia respalda su alta costo-efectividad y beneficios en calidad de vida (Yoshinaga-Itano, Manchaia, & Hunnicutt, 2021; Verkleij et al., 2020). Chile carece de una política nacional que garantice el tamizaje auditivo universal. En su lugar existen iniciativas parciales como la Garantía GES 59 de Hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro/a, bono PAD y programas locales públicos y privados— que en conjunto alcanzan ~80% de cobertura (año 2023), con marcadas desigualdades territoriales. En relación con la intervención, el GES N°77, instrumento actualmente vigente que garantiza y financia la rehabilitación auditiva en la primera infancia incluyendo ayudas auditivas e implantes cocleares en los casos diagnosticados antes de los 4 años, no contempla la implementación de un tamizaje auditivo universal obligatorio. En su lugar, la pesquisa se realiza únicamente a partir de la sospecha clínica. Esta limitación implica un retraso en la detección oportuna de casos de hipoacusia, con el consiguiente riesgo de afectar el desarrollo comunicativo, cognitivo y social de los niños y niñas que no son diagnosticados precozmente.