Abstract

Situados en un progresivo traspaso de responsabilidades en la ejecución de los servicios sociales desde el Estado hacia actores no gubernamentales, aparece una demanda hacia el mismo Estado, el cual en lugar de simplemente declinar su labor, debiera de hecho expandir su regulación de modo de asegurar que la oferta social sea eficiente en satisfacer al ciudadano usuario en aquellos servicios prometidos por las políticas y programas sociales. Así mismo, la institucionalidad pública debiera reconocer las demandas del mundo privado para actuar articuladamente hacia fines comunes, que finalmente conduzcan a un horizonte de desarrollo de una sociedad más igualitaria. Este estudio da cuenta de las tensiones, reveladas por autoridades de servicios públicos que atienden personas vulnerables, en su relación de colaboración con OSFL (Organizaciones Sin Fines de Lucro), para alcanzar tal horizonte.