Abstract

El objetivo de este artículo es analizar la necesidad de que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), se transforme en una política pública que exceda la órbita de la justicia y se coordine con programas de apoyo psicosocial como Abriendo Caminos. Para ello, se exponen cifras oficiales y evaluaciones del funcionamiento de la institucionalidad a cargo, de los centros de internación de los mayores de 14 años y menores de 18, condenados o sujetos a una medida cautelar de internación provisoria, y de los programas que ejecuta SENAME. Esta información nos da luces de las falencias que impiden que la implementación de esta ley no constituya una política pública cumpla con el objetivo de la rehabilitación y reinserción social. En primer lugar este artículo realiza una descripción general de los datos de infancia y de la delincuencia juvenil, en segundo lugar entrega una breve explicación de la RPA y en tercer lugar expone todas las cifras públicas relativas a su funcionamiento. En el último capítulo entrega información de programas de prevención y rehabilitación de otros países, y sienta las bases de discusión para el diseño de una política social que otorgue cobertura al sistema de justicia adolescente.