Abstract

Luego de la reforma de la educación superior impuesta durante los años ochenta, los gobiernos democráticos fracasaron en sus intentos de modificar el modelo heredado debido al fuerte rechazo de los defensores de la obra educacional del gobierno militar, lo que determinó que a fines de la década de los noventa se abandonaran estos intentos y se apostara en lo sucesivo por una serie de arreglos transaccionales que implicaron, primero, introducir la acreditación como mecanismo piloto de regulación pos autonomía y perfeccionar el sistema de financiamiento estudiantil (cambios al Fondo Solidario y nuevos programas de becas) y, segundo, incorporar formalmente un sistema de acreditación y crear un nuevo sistema de crédito para estudiantes de instituciones privadas acreditadas. Hoy, después de las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011, podríamos estar frente a una última transacción: una regulación más rígida y una nueva institucionalidad (Agencia Nacional de Acreditación, Superintendencia de Educación Superior y Subsecretaría de Educación Superior) a cambio de un reacomodo institucional que implique un acceso único y uniforme a fondos públicos para instituciones públicas, estatales o privadas, acreditadas y sin fines de lucro, lo que reforzaría el vínculo regulación/financiamiento público/lucro que ha estado en el centro de las denuncias e investigaciones sobre corrupción que no han hecho más que profundizar el malestar y la indignación de parte de una ciudadanía que demanda más que nunca terminar con la herencia educacional de la dictadura.