Abstract

La participación ciudadana en las políticas públicas ha representado un desafío creciente de los Estados en las últimas décadas. La desconfianza ciudadana, la desafección política y las nuevas relaciones de la sociedad civil con lo público, han llevado a los Estados a variar sus formas para relacionarse con la ciudadanía. En Chile, diversos fueron los esfuerzos para institucionalizar la participación ciudadana en la gestión pública y se enmarcaron en el proceso de modernización del Estado y profundización de la democracia. Particularmente, en el año 2011, se promulgó la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que establece cuatro mecanismos que las administraciones nacionales y locales deben implementar. En la actualidad existen diversos estudios que evalúan los avances en la implementación de esta ley, así como de otros ámbitos de la participación ciudadana; sin embargo, gran parte de ellos, se reducen al ámbito local o a experiencias particulares de servicios públicos. Esto indica que existe una carencia de análisis que permitan comparar los procesos y mecanismos de participación ciudadana implementados por servicios públicos específicos, para determinar, por ejemplo, los factores que inciden en sus logros, así como en sus debilidades y fracasos. Es justamente este elemento el que nos interesa conocer e indagar; esto es, las capacidades y los arreglos institucionales determinantes que permiten a los servicios públicos, tales como ministerios o subsecretarías, desplegar procesos de participación ciudadana que apunten al empoderamiento y logren superar los mínimos establecidos por el marco legal vigente en Chile. En este esfuerzo, el presente artículo realiza un análisis comparativo de carácter cualitativo, sobre las estrategias, procesos e instrumentos desplegados por tres ministerios con un amplio desarrollo participativo; esto es, el Ministerio de Salud, Ministerio de Medioambiente y Ministerio de Energía. Con el foco en estos casos, entre los años 2014 y 2017, se indaga sobre los principales factores de similitud y diferencia que consideran estos sectores para el desarrollo de la participación ciudadana. Los resultaron permitieron identificar tres ámbitos generales en los que se puede evaluar transversalmente a dichos servicios; esto es, (i) el ámbito normativo y procedimental de las instituciones, que constituye el entramado burocrático para desplegar procesos administrativos; (ii) el ámbito del proceso de implementación de la participación, que se asocia a la experiencia institucional, las metodologías, los mecanismos y los actores que participan de estos procesos; (iii) el ámbito valorativo sobre la experiencia institucional, esto es la identificación de las barreras, los facilitadores y la conclusión respecto de los niveles de participación desplegados por cada servicio.