Abstract

En el escenario actual, en que el diagnostico respecto de la complejidad de la realidad y los problemas sociales es un consenso, se han planteado diversas propuestas para responder en consistencia con este diagnóstico desde las políticas públicas, y específicamente desde los programas sociales dirigidos a la población en situación de pobreza y exclusión social. Algunas de las alternativas que se plantean son por ejemplo: avanzar en la coordinación de políticas y programas, en integralidad de la acción del Estado, en la descentralización de las decisiones desde el nivel central al nivel local, el fortalecimiento de abordajes desde la perspectiva del desarrollo y la gestión territorial, entre varias otras alternativas. En este trabajo se desarrolla y argumenta acerca de las posibilidades que ofrece el re-visitar y actualizar los planteamientos de Lipsky (1980, 1991) relevando el rol de los equipos y profesionales de nivel de calle a cargo de la implementación de las intervenciones sociales que en la actualidad son implementadas tanto por actores públicos como de la sociedad civil o privados. Esto implica fundamentalmente avanzar en el reconocimiento y uso adecuado de los niveles de autonomía y discrecionalidad de los equipos y profesionales encargados de la entrega de los bienes y servicios generados por las intervenciones sociales, a la vez que generar estrategias para reducir los riesgos que ello implica.