Abstract

Este artículo contiene una propuesta de evaluación de la defensa penal de oficio y su modelo de externalización. Dicho modelo ha sido fuertemente criticado desde múltiples frentes, siendo el más reciente el diagnóstico de los directivos de la propia institución a cargo de prestar este servicio, lo que llevó a la proposición de modificaciones sustanciales al mismo. A mi juicio muchas de la aprehensiones al modelo de externalización parten de una errada mirada al mismo. A esa falta de profundidad contribuye, ciertamente, la falta de evaluación empírica de las políticas públicas en Chile, y muy especialmente la ausencia casi completa de reflexión académica en torno a estos problemas. El trabajo que se presenta busca los beneficios concretos de la participación privada en la provisión de un servicio social con una fuerte inclinación de sensibilidad a la calidad de la misma. Este análisis positivo supone, por cierto, el alejamiento parcial de los cuestionamientos teóricos al diseño institucional y el reconocimiento de que es difícil determinar causalidad en muchos de los efectos positivos que se ven en la prestación de defensa penal pública. A partir de estos supuestos, se discute un modelo de análisis que reconoce la efectividad del uso de un mecanismo de licitaciones para conseguir control sobre los costos de la defensa, pero que dada la existencia de un objetivo en gran parte “contradictorio” con este efecto, impone a los funcionarios de la institución la búsqueda de mecanismos de “compensación” que le permitan el cumplimiento de su objetivo de mejora de la calidad. Este mecanismo “interno” de compensación corresponde a la asignación de tareas de acuerdo con la habilidad de cada prestador, a través de lo que puede entenderse como especialización. Esta especialización es posible únicamente porque la institución a cargo cuenta con funcionarios públicos que tienen un conocimiento directo del esfuerzo desplegado. En este momento podemos volver a los cuestionamientos al diseño institucional y señalar que los beneficios directos de la utilización de privados en el modelo de defensa penal pública provienen de la existencia de un componente institucional. Creo que esa es ya una muy interesante conclusión. No puede desprenderse de ella que un sistema enteramente público fuese mejor, porque no puede desconocerse que actualmente la institución utiliza el 30% de su presupuesto para prestar casi el 65% de la defensa. Ese control de costos es directamente atribuible al sistema de licitaciones y la competencia por él generada.