Abstract

Los conflictos por actividades extractivas han aumentado en la última década y constituyen un desafío para los países en su deseo de avanzar en crecimiento económico y bienestar socioambiental. Se analiza aquí los casos de Ecuador, Colombia, Perú y Chile, poniendo en el centro el territorio como espacio social. Se argumenta que los conflictos representan un cuestionamiento al rol de los agentes, tanto privados como públicos, y empujan hacia la puesta en marcha de procesos de cambio institucional que suponen: a) fomentar y refinar los instrumentos jurídicos de captura de excedentes derivados de la actividad extractiva, para dirigirlos a inversión en otras áreas de desarrollo; b) desarrollar instrumentos de planificación y ordenamiento territorial; c) definir procesos de consulta previa; d) avanzar en descentralización y fortalecimiento de los gobiernos subnacionales; y e) fortalecer la capacidad de articulación de los actores involucrados para arribar a arreglos institucionales de crecimiento económico y desarrollo inclusivo.