Abstract

La revelación de distintos programas de vigilancia estatal a nivel mundial ha puesto en el ojo público las políticas públicas de retención de metadatos. Durante el 2017, el gobierno de Michelle Bachelet se propuso extender el período de retención de los mismos, a través del apodado “Decreto Espía” que modificaba el reglamento de interceptación de comunicaciones. La declaración deilegalidad de este Decreto por parte de la Contraloría se presenta como una oportunidad para discutir cómo compatibilizar la retención de metadatos, como forma de generar evidencia criminal, con el derecho fundamental a la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones.