Abstract

Se evidencian aspectos de justicia ambiental que permanecen ausentes en nuestro sistema de justicia y que han generado un panorama adverso para quienes han sufrido las consecuencias de un daño ambiental. Se aborda el caso del derrame originado en un represo de la mina Buenavista del Cobre, el 6 de agosto de 2014, en el que se vertieron 40 mil metros cúbicos de lixiviados de cobre acidulado en el arroyo Las Tinajas, afluente de los ríos Bacanuchi y Sonora, el cual provocó afectaciones en diversos municipios en los que habitan más de 22 mil personas. La magnitud de dicho evento ha cimbrado nuevas interrogantes sobre la sustentabilidad de dicha actividad, su aportación al “progreso nacional” y las condiciones privilegiadas con las que opera bajo el discurso de su “utilidad pública”, que lejos de reflejar un debido aprovechamiento de los recursos naturales acorde con el texto constitucional (artículos 25 y 27), ha ocasionado una vulneración constante de derechos humanos, que se violentan a consecuencia de las acciones y omisiones que tanto empresas como gobierno implementan en las zonas concesionadas. Ante este panorama, diversos colectivos en las distintas regiones del país se han vuelto conscientes de las afectaciones que resienten a consecuencia de dicha actividad y han emprendido, cada vez con mayor frecuencia e intensidad, movilizaciones desde diversos enfoques, uno de ellos: la estrategia legal; de ahí que se presenta un análisis del alcance de ésta.