Abstract

Desde el fin del período de la dictadura, y bajo los distintos gobiernos de la Concertación, Chile se ha posicionado a nivel de América Latina como uno de los Estados que más habría invertido y trabajado por la salud de los pueblos indígenas a partir de los años noventa.1 Esta situación tiene su origen en el proceso de visibilización de la salud indígena y la denuncia de brechas y desigualdades, determinadas, en gran medida, por la exclusión sociocultural que vive el Pueblo Mapuche. La reacción institucional chilena respecto de la salud del Pueblo Mapuche se ha concentrado, entre otros, en una folklorización de las prácticas mapuche en salud mediante la institucionalización de las mismas al interior de los centros de salud. Se ha utilizado una serie de dispositivos “interculturales” para vehiculizar el eufemismo de la “participación” que, además de responsabilizar al oprimido de su condición de pobreza producto del despojo histórico, también lo hace parte de la obligación de utilizar sus propias fuerzas y recursos para dar salida a la situación de pobreza estructural (Ugalde en Kalinsky 51). En esta realidad, el proceso salud/enfermedad/atención tiene la carga principal, abarcando también al territorio y los derechos políticos como parte constitutiva de la salud de un pueblo como el nuestro. La finalidad del artículo es evidenciar de qué manera el Sistema de Salud Público en Chile logra incluir la “oferta intercultural” a su red asistencial, fortalecer esta última en y aumentar su legitimidad como administradora de servicios de salud “culturalmente pertinentes”. En su contraste, la medicina mapuche y las organizaciones que la promueven autogestivamente van perdiendo autonomía y patrimonio cultural, condicionándose peligrosa y progresivamente por la intervención estatal sin que se resuelva el tema de los derechos políticos y territoriales que demanda el Pueblo Mapuche.