Abstract

Los esfuerzos de los últimos gobiernos chilenos por la conservación de la biodiversidad marina tomaron un fuerte impulso luego de que el país organizara la conferencia Nuestro Océano en el año 2015. En dicha conferencia, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció la creación del Parque Marino Nazca-Desventuradas y una red de protección del mar en el Archipiélago de Juan Fernández bajo la denominación de Área Marina Protegida de Múltiples Usos. (AMP-MU). La concreción de esas iniciativas ocurrió en febrero de 2018. Un elemento de la sociedad civil que gravitó en la concreción de la AMP-MU es el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales (STIPA), la cual, además, cuenta con una certificación internacional que ayuda a garantizar ecosistemas marinos saludables y sustentables. Estos avances en la protección marina presentan importantes desafíos que el Estado, en conjunto con organizaciones no gubernamentales y actores de la sociedad civil deben considerar para cumplir con los objetivos propuestos. La presente investigación se propone, en primer término, explorar el concepto de Gobernanza respecto al medio ambiente y en segundo término analizar la acción estatal y de otros actores para el uso y control de las Áreas Marinas Protegidas en Nazca-Desventuradas y Archipiélago de Juan Fernández en razón de la gestión del aparato estatal chileno en su iniciativa de convertirse en un referente de la protección marina en el mundo. La investigación se propone explorar la siguientes preguntas, ¿Cómo se aplica el concepto Gobernanza en la protección marina? y, ¿cómo los organismos del Estado de Chile responden para realizar un monitoreo y control de las áreas marinas protegidas y qué herramientas utilizan?