Abstract

La población penal cuenta con necesidades jurídicas específicas. Mientras varias de éstas guardan relación con cuestiones propias del encierro, otras se vinculan a materias de índole personal. Cualesquiera sean éstas, deben ser respondidas y atendidas por la defensoría penal penitenciaria, servicio especializado de la Defensoría Penal Pública. Este artículo presenta alguno de los resultados obtenidos de un trabajo de campo en cárceles y oficinas de defensa penitenciaria de 6 regiones de Chile, se observaron 766 primeras entrevistas de defensores a la población penal, se revisaron 717 carpetas, además de la realización de entrevistas a Gendarmes y a defensores penitenciarios, y grupos focales con personas privadas de libertad. Los resultados muestran cómo el ejercicio de la defensa penitenciaria se ve limitada por una serie de factores pero especialmente por la superposición de culturas, prácticas y normas institucionales diversas. Se afirma que esta situación se mantendrá mientras no exista un derecho penitenciario propiamente tal que regule las expectativas y prácticas institucionales en conflicto. Esta ausencia de derecho, se expone, termina dejando al arbitrio y discrecionalidad de autoridades administrativas, la defensa efectiva de los derechos de las personas privadas de libertad.