Abstract

El objetivo es demostrar, a la luz de ejemplos de derecho comparado, que la consagración del principio de subsidiariedad en materia territorial conduce, en general, a un reforzamiento del poder central y a una recentralización normativa, o al riesgo de un gobierno de los jueces constitucionales en materia de organización político-administrativa. En este contexto, el reconocimiento de poderes implícitos en beneficio de los entes territoriales aparece como una alternativa adecuada.