Abstract

¿Qué rol ha otorgado el Estado a las familias y/o comunidades locales en el proceso educativo? Tratándose de la construcción de un sistema de educación pública, la respuesta podría ser más que evidente. Un rol secundario o más bien pasivo, en el entendido de que es el Estado quién ha levantado esa iniciativa y con propósitos constitucionalmente definidos. Ello ha sido explicado con claridad por la historiografía y está relacionado con la construcción de un Estado Nacional homogéneo a partir del siglo XIX: que la población se sintiera chilena y que fuera socialmente disciplinada. Estos propósitos no fueron exclusivos del Estado Nacional chileno, sino propios de los sistemas de instrucción pública de occidente. No podía ser de otra manera, cuando el grueso de la población era considerado como incapaz de ejercer derechos ciudadanos, por ser analfabeta, por no tener una propiedad y/o una renta adecuada. Es decir, solo la oligarquía y sus élites dirigentes eran las que tenían la claridad y capacidad para pensar la construcción de esos estados y con ellos, de los sistemas de educación que debían regirlos. Por supuesto, ellos se colocaron parcialmente al margen de esos sistemas. Salvo excepciones, como el Instituto Nacional, colegio especialmente pensado para las élites dirigentes, la oligarquía no envió a sus hijos al sistema de educación público, los educó con institutrices o en colegios particulares. La universidad sí que definitivamente fue un espacio reservado esencialmente para la clase dominante (Serrano, 1994). Otra posibilidad, a partir de la educación secundaria, fue enviarlos a estudiar a Europa, aunque esencialmente se ha interpretado que estos viajes fueron de ocio (ej: Salazar, 2015).