Abstract

La jurisprudencia de la Corte Suprema ha creído encontrar mediante la figura del “decaimiento” una solución a la dilación excesiva —y criticada— en que incurren los órganos de la administración del Estado. En este artículo se somete a análisis esta jurisprudencia y se arguye que las demoras en los procedimientos administrativos siguen produciéndose, por cuanto jueces y juristas mantienen la creencia en el mito jurídico que afirma la inexistencia de plazos fatales para la administración. El autor plantea que dichas dilaciones abusivas e ilegales no son controladas, pese a que desde el año 2003 existe una ley que las regula explícitamente. Para el autor, la opción jurídicamente correcta sería la esperable en toda democracia: aplicar el derecho legal vigente. Las tesis del decaimiento y de la inexistencia de plazos fatales para la administración, en cambio, están produciendo esquirlas en valores fundamentales del sistema jurídico administrativo chileno.