Abstract

Este trabajo se propone el desarrollo de las complejas relaciones entre los derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión y las medidas, que se imponen a través del derecho penal, para restringir la difusión de ideas consideradas peligrosas para la convivencia social. Tales medidas penales giran en torno al denominado “discurso de odio”. Se ha advertido acerca de la simplificación, en que a veces se incurre con el uso de la noción de “discurso de odio”, estableciéndolo como un límite de lo constitucionalmente protegido y excluyendo del contenido del derecho toda aquella conducta que haya sido calificada como tal. Más aun tomando en consideración que un concepto de perfiles tan imprecisos y sin contornos claros, pero de origen no escrito, sea determinante del ámbito protegido por los derechos fundamentales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho uso del art. 17 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, entendiendo que la finalidad de tal cláusula es la de “imposibilitar que los individuos se aprovechen de un derecho con el fin de promover ideas contrarias al texto y espíritu de la Convención”. Debemos tomar en consideración que si el discurso de odio constituye un problema central en la discusión sobre los límites del legítimo ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión es precisamente porque se encuadra en el ámbito del discurso con relevancia pública y, con ello, en el núcleo de lo que debe ser protegido por el derecho fundamental.