Abstract

Al cumplirse una década del inicio de la Defensa Penitenciaria chilena, el artículo indaga sobre factores institucionales que pueden incidir en la activación de los derechos de los condenados privados de libertad. Nos preguntamos ¿si la atención que brinda la Defensa Penitenciaria es un fiel reflejo de la demanda de defensa expresada por las personas condenadas, o si responde a decisiones de política institucional de la Defensa Penal Pública que perfilan o dan forma a dicha demanda? En esta oportunidad, queremos identificar factores institucionales que inciden en la selectividad y en la activación de derechos. Partimos nuestro análisis indagando ¿qué atención existe en general, y específicamente en materia de violaciones a los derechos constitucionales y humanos causados por las condiciones de reclusión y la violencia intracarcelaria? Para el estudio recurrimos a información cuantitativa (análisis de estadísticas de la Defensa Penitenciaria) y cualitativa (entrevistas a actores claves). Constatamos que factores asociados a la estructura y a directrices organizacionales, como también a la práctica profesional de los defensores penitenciarios, coadyuvan para que las materias que atiende la Defensa Penitenciaria, terminen siendo un fiel reflejo de los indicadores y estándares predeterminados por la Defensoría Penal Pública, prestando menos importancia a situaciones como maltrato, tortura, violencia intracarcelaria y condiciones de vida inhumanas. Esta selectividad en la activación de derechos de los condenados atenta contra sus garantías constitucionales y, por ende, contra los objetivos institucionales de la propia Defensa Penitenciaria.