Abstract

El artículo tuvo por objetivo analizar el rol que ha desempeñado la Defensa Penitenciaria chilena, desde su inicio (2009) hasta la actualidad (2018), en el resguardo de los condenados privados de libertad frente a las situaciones de violencia carcelaria y las condiciones de reclusión. Partimos de la hipótesis que la defensa penitenciaria ha desatendido dichos conflictos, ya que ha dedicado la mayor parte de su trabajo a suplir deficiencias administrativas del operador penitenciario, en vez de poner énfasis en la defensa de garantías constitucionales, como la integridad física y la dignidad. Para el análisis recurrimos a información cuantitativa de la base de datos histórica de la defensa penitenciaria, y secundariamente a algunos instrumentos normativos y una entrevista a un actor clave. Como resultado, encontramos que aun cuando la defensa penitenciaria constituye en sí misma un aporte que mejora el acceso a la justicia de los condenados y atiende un número importante de solicitudes, esto no implica necesariamente un fortalecimiento de la efectividad de las garantías constitucionales. Concluimos que, la predominancia de trámites administrativos refleja tanto las estrategias de defensa, como los indicadores y estándares de atención predeterminadas por la Defensoría. También dice relación con las deficiencias administrativas de Gendarmería de Chile. Por lo que, a una década de su inicio, la Defensa Penitenciaria debería comenzar a ampliar su ámbito de acción.