Abstract

El trabajo analiza un fallo de la Corte Suprema que conoció de un una acción de nulidad de Derecho Público en que se impugnó la decisión de una Municipalidad de poner término unilateral al contrato de concesión con un particular. Sobre la base de este juicio se analiza la facultad que tiene la Administración para poner término unilateral al contrato sin previa declaración judicial; si se trata de una facultad discrecional; si corresponde o no una acción de nulidad de Derecho Público, y si la motivación del decreto que puso término al contrato debe ser exhaustiva o sólo somera.