Abstract

El trabajo plantea que existen técnicas de control de la discrecionalidad del ente municipal con sólido fundamento normativo, como lo son los artículos 2° y 53 de la LOCBGAE que establecen la proscripción del abuso o exceso de las potestades de la Administración (en este caso, la municipal) y la recepción normativa del principio de razonabilidad de sus decisiones; y los artículos 11 y 41 inciso 4° de la LBPA que establecen la exigencia legal de motivación y fundamentación de los actos administrativos, sin perjuicio que dichas normas arrancan de un fundamento constitucional que establece la sumisión de la Administración al Derecho (principio de juridicidad) y prohibición de discriminaciones arbitrarias o “interdicción de la arbitrariedad”, establecido en los artículos 6, 7° y 19 n° 2 de la CPR.