Abstract

Desde fines de la década de 1990 el gremio docente comenzó un proceso de acercamiento a los gobiernos para acordar la implementación de un sistema de evaluación docente, proceso negociador que atravesaría todo el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2005). Gran parte de la bibliografía sobre el tema hace mención a éste como un proceso exitoso de las políticas de consenso entre gobiernos y sindicatos docentes. Si bien es cierto, a mediados del año 2003 se llegó a un primer acuerdo, rápidamente surgieron diferencias con la redacción final de la ley, las que fueron superadas por la dirección del gremio docente y el gobierno en el año 2005. Pero además de esto, desde el inicio de este proceso un sector de profesores de izquierda se opondrá tenazmente a dichas prácticas sindicales de consenso, por considerar que se debían mejorar las condiciones socioeconómicas de los docentes y cumplir con los compromisos acordados anteriormente por el gobierno antes de dar paso a una evaluación docente. Esta tendencia opositora sería minoritaria durante los primeros años, pero lentamente iría ampliándose al resto de los docentes a medida que la evaluación se fue implementando, haciendo crecer la resistencia a ésta y materializándose a mediados del año 2005, en la extensión de la oposición a otros sectoresdocentes, los que lograrían el triunfo en las elecciones internas de su gremio en 2007.