Abstract

El artículo da muestra del proceso a través del cual el ICI fue construido, desde sus fundamentos políticos y filosóficos, pasando por relevantes consultas a expertos, hasta la consecución de la estructura final de un índice que debió asumir importantes renuncias, sobre todo por la ausencia de datos estadísticos a nivel nacional y global respecto a ciertos grupos sociales específicos, como los afrodescendientes, o respecto de ciertas temáticas acuciantes, como el feminicidio. La segunda gran renuncia fue la inclusión de una dimensión territorial para el análisis de las relaciones de convivencia entre individuos y grupos, que habría permitido abordar empíricamente el debate sobre la naturaleza colectiva de los derechos culturales y su relativismo respecto de los derechos humanos universales, de pretensión ontológica y distribuidos en sujetos jurídicos individuales.