Abstract

La realización de los derechos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales para la totalidad de la población a nivel mundial es imposible dentro del sistema capitalista. A partir de los años 70 del siglo pasado, el capitalismo –en su fase neoliberal o de acumulación flexible– penetró las relaciones sociales, mercantilizando todo a su alrededor. No solo las conquistas de derechos, realizadas por las clases subalternas, recibieron profundos golpes y retrocesos, sino también –como dice Harvey (1998)– las prácticas culturales, económico-políticas se metamorfosearon, inaugurando un nuevo ciclo de acumulación para el capital y regresión para la población. En diversas partes del mundo, la profesión del trabajo social enfrenta –a través de su quehacer contradictorio– las consecuencias nefastas que sufren millones de habitantes. Sin embargo, ciertos principios y valores le orientan su accionar y, también, le otorgan un lugar (y un campo de legitimidad) en la sociedad. Los principios que declara son los de justicia social y la defensa de los derechos humanos (IFWS, 2014), de los cuales pareciera que existe una comprensión obvia o un consenso sobre su significado, tanto a nivel de la formación como del ejercicio profesional. Si bien en el caso de la noción de derechos humanos parece estar claro su significado, para el de justicia social refieren a nociones genéricas e incluso contradictorias. Como hipótesis, podemos decir que ello se explica –en parte– porque la profesión-formación no distingue el significado polisémico del término; es decir, no contempla la relación entre las matrices teórico-filosóficas que le dan sustento a esta ni evalúan sus diferenciadas consecuencias en el ejercicio profesional.