Abstract

El artículo expone la falta de independencia judicial en el Ecuador, la persecución de la oposición real o percibida, y la criminalización de la protesta social a partir del estudio de un caso que denominaremos “estudiantes del Colegio Central Técnico”. Se trata de un caso más en el que el Presidente de la República, Rafael Correa, hizo declaraciones durante el “enlace ciudadano” criticando la actuación de los operadores de justicia que no encontraron responsabilidad penal de doce estudiantes que participaron en una protesta contra la decisión del Ministerio de Educación de cambiar el nombre de su colegio. Luego de la intervención presidencial, lo que era una protesta estudiantil, se convirtió en delito de rebelión, el dictamen fiscal absolutorio fue revocado y se instauró un proceso penal completamente parcializado y violatorio de varios derechos y garantías fundamentales de los estudiantes. Este caso demuestra que el gobierno está dispuesto a perseguir ju dicialmente no solamente para amedrentar a opositores políticos de alto perfi l, sino que se trata de armas que utiliza contra cualquier ciudadano, incluso en los casos más aleatorios, como cuando se trata de “muchachos desubicados” y desconocidos en la esfera pública de la política nacional y sin importar que existan dictámenes fi scales o resoluciones judiciales que hayan determinado la inocencia de los perseguidos por el gobierno.