Abstract

La instalación del nuevo sistema de Educación Pública chileno es un desafío de significación, dado que se trata de una política estratégica que se está incorporando en un sistema que está en estado crítico, y además cuando muchos países están privatizando abierta y encubiertamente este sector. La experiencia chilena también es relevante porque su diseño responde al gobierno anterior, más identificado con el modelo de derechos sociales, en tanto su implementación (a partir del año 2018) debe realizarla el nuevo Gobierno de tendencia conservadora claramente no inscrito en ese modelo. Este nuevo sistema de educación pública define una unidad central de gestión (Dirección Nacional de Educación Pública), y nuevos entes subnacionales de carácter territorial que agrupan varias comunas (Servicios Locales de Educación). El proceso de instalación es gradual, no obstante estos primeros años son decisivos para su devenir dado que el año 2021 se evaluarán sus avances, definiéndose su eventual continuidad. Los resultados sobre el gasto efectuado dan cuenta de una brecha muy importante entre ambos años, agudizándose el 2019 por una fuerte declinación del gasto y menor gestión de sus procesos asociados.