Abstract

A través del Decreto Ley número 5 del 12 de septiembre de 1973 los militares chilenos especificaron que el “Estado de Sitio decretado por conmoción interna” debía entenderse como “Estado o Tiempo de Guerra”. De esa forma, y una vez consolidado el golpe de Estado del martes 11 de septiembre, la Junta Militar y las Fuerzas Armadas emprendieron un proceso institucional tendiente a legitimar la acción militar, el combate al marxismo y la eliminación del “enemigo interno”, usando para ello todos los instrumentos y mecanismo a disposición con el fin de combatir su presencia en el país. Se adaptó y adoptó una determinada legalidad y, sobre todo, una nueva institucionalidad para esa lucha total y permanente contra el marxismo y sus partidarios. Fue en este contexto de violencia política e institucional en que operaron los Bandos Militares y los Decretos Ley como dispositivos, es decir, una red de relaciones de poder que fueron estructurando un entramado legal y punitivo tendiente a justificar la represión y eliminación de los opositores al régimen.