Abstract

En el mundo existe una amplia gama de créditos educacionales, que se han consolidado tanto en países que tienen modelos de educación superior gratuita y pública, privada o sistemas mixtos, y en contextos tan variados como Asia, Latinoamérica, Europa Central, los países de la ex Unión Soviética y China (D. Heller, 2008). A la luz de la discusión de la reforma en Chile que busca instalar la gratuidad en uno de los sistemas universitarios más mercantilizados del mundo, la presidenta Bachelet anunciaba en agosto de 2016 que había instado a sus equipos a estudiar la eliminación o reemplazo del “Crédito con Aval del Estado” (CAE). Este anuncio no vino a materializarse sino hasta 2018, cuando el nuevo presidente anunciaba el ingreso de un proyecto de ley que unificaría los créditos estudiantiles existentes en un solo crédito estatal, sacando a los bancos, estableciendo sistema de pago contingente a la renta escalonado y con tasa de interés considerablemente más bajos. El esquema de crédito del CAE, que había sido alabado por aumentar sostenidamente la cobertura de la educación superior en los últimos diez años (Larraín & Zurita, 2008), había sido objeto de críticas desde todo el espectro político.