Abstract

Respecto de la legitimidad democrática de un gobierno se ha convertido en un lugar común sostener que la elección por los ciudadanos de un determinado conglomerado para que asuma el gobierno (principio democrático) dota a este de la legitimidad necesaria y suficiente para implementar políticas públicas que su programa o la contingencia política vayan exigiendo. La cuestión que se aborda es si la política pública tiene o no límite en los derechos humanos.