Abstract

Abordar el fenómeno de la migración, desde el Estado, es una urgencia a nivel nacional y mundial, considerando los riesgos a los que están expuestos las personas migrantes en todo el proceso migratorio. Los organismos internacionales han impulsado la priorización de este grupo de personas y el desarrollo de instrumentos de protección de sus derechos. En la última década, Chile se ha convertido en un país de destino para miles de personas que buscan una mejor oportunidad de vida. En este contexto, desde el año 2003 el Ministerio de Salud ha implementado medidas para la protección de la población migrante, específicamente a la atención de salud de mujeres embarazadas, entre otras. Durante los dos gobiernos de la presidenta Bachelet se avanzó en el mejoramiento al acceso a los servicios de salud de manera equitativa de acuerdo con la legislación y las prácticas nacionales. La Estrategia Nacional de Salud 2010-2020, plantea en el Objetivo Estratégico 5 el mejoramiento del acceso a salud de las personas migrantes. Acorde a los desafíos migratorios, el año 2014 en el Ministerio de Salud se conformó el equipo Asesor Sectorial de Salud de Inmigrantes con representantes de ambas Subsecretarías, FONASA y la Superintendencia de Salud para desarrollar procesos que culminaron con la elaboración de la Política de Salud de Inmigrantes. El proceso contó con la participación de expertos en salud y migración nacionales e internacionales, y de representantes de la sociedad civil migrante y nacional. Se desarrolló un Piloto de Salud de Inmigrantes en las comunas de Arica, Antofagasta, Iquique, Recoleta y Santiago, cuya sistematización en términos de definiciones operaciones y productos estratégicos están a la base de la Política. El documento se enmarca en los lineamientos para la política nacional migratoria, que entiende la migración como un aporte a la sociedad, promoviendo una mirada inclusiva, desde el enfoque de derechos humanos, y que plantea homologar progresivamente los derechos de chilenos y extranjeros. Representa un avance en equidad y mejoramiento del acceso a la salud, promoviendo un sistema más sensible con las personas migrantes a través de acciones que disminuyan barreras culturales, administrativas, de género y otras.