Abstract

Este trabajo pretende analizar la justificación o legitimidad, desde una perspectiva garantista, de la protección penal reforzada a la propiedad sobre los animales, que se manifiesta en una agravación penológica prevista para el abigeato, dar cuenta de la (desmedida) preocupación del legislador por la sustracción de estos bienes y determinar si esos esfuerzos se han traducido, en definitiva, en una descripción de la conducta punible que contenga los elementos que aseguren la eficacia de la norma sancionatoria.