Abstract

El actual contexto de crisis sanitaria producto de la pandemia del COVID-19 ha dejado en evidencia una serie de desigualdades fundamentales en lo que respecta al habitar en un hogar, territorio y comunidad en Chile, donde miles de personas lo hacen en condiciones de alta vulnerabilidad. La abundancia e incremento de asentamientos informales no considerados por la administración central, regional y local, exigen recordar los principios a partir de los cuales se aprobó el 2014 la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), especialmente aquellos referidos a la integración social, equidad y la descentralización en decisiones políticas que deben incorporar las condiciones de habitabilidad tanto en espacios urbanos cómo rurales. La normativa vigente en Chile es insuficiente para comprender la multidimensionalidad de la vivienda en dos puntos relevantes. Por una parte, no reconoce las condiciones reales de muchas personas que habitan en viviendas hacinadas y asentamientos informales sufriendo racismo y discriminación, en territorios donde el valor de acceso a la vivienda sea en propiedad o en arriendo es restrictiva, y no está acorde a sus niveles de ingresos (Contreras, 2015). Por otro lado, al ser considerada la vivienda únicamente cómo objeto material y no cómo espacio de habitabilidad relacionada a sus condiciones de ubicación y ubicuidad, se requiere de la elaboración de una lectura interinstitucional en un contexto de pandemia que apunte hacia un análisis que contemple elementos como la salud mental de las familias y las condiciones de habitabilidad (tamaño, precio, confort, proximidad, materialidad, distribución de la vivienda, calidad del entorno; proximidad a servicios, entre otros), entendiendo que el periodo de crisis ha puesto en tensión las relaciones establecidas entre vivienda y habitar, y el abordaje estatal vigente de esas relaciones. El presente documento plantea la necesidad de replantear la forma en que comprendemos la vivienda en Chile, proponiendo su abordaje a través de una perspectiva que la entienda como un espacio de habitación que debe considerar las realidades de las comunidades, aspectos sanitarios y el bienestar físico y emocional, en conjunto con la seguridad y calidad de las construcciones, cuestionando el rol del Estado en tanto garante de un acceso equitativo y regulado a las viviendas.