Abstract

La Ley Nº 21.000 consagró la autorregulación obligatoria abarcando prácticamente a todos los intervinientes tradicionales del mercado financiero, y ello a través de dos mecanismos: la afiliación al comité de autorregulación creado por dicha ley, o bien la dictación individual de un código de buenas prácticas. Atractiva a primera vista hoy, habiéndose vencido el plazo establecido por ley para la implantación del comité de autorregulación, pareciera posible afirmar su fracaso. Nuestra hipótesis plantea que este obedece al hecho de que el legislador desconoció ciertos parámetros que sustentan el mecanismo de la autorregulación, particularmente en su faceta “autorregulación obligatoria”. Para demostrarlo hemos contrapuesto dichos parámetros la técnica legislativa utilizada por la ley en cuestión. Ello nos permite deducir los errores en que incurrió la ley, algunos de relevancia dudosa, pero que han sido convenientemente aprovechados por la industria regulada para oponerse a los objetivos del legislador: aumentar progresivamente los estándares en materia de gobierno corporativo, ética empresarial, transparencia y competencia leal entre los distintos actores del mercado. Concluimos que el éxito o fracaso de los objetivos por el legislador se encuentra hoy en las manos de la Comisión para el Mercado Financiero.