Abstract

Resumen La Constitución Política vigente no precisa el mecanismo de incorporación de las normas internacionales en el orden interno, ni la obligatoriedad de los tribunales de aplicarlas. Se recomienda que en la nueva Constitución las relaciones entre el derecho internacional y el interno se regule con mejor determinación, reafirmando el compromiso de Chile con los derechos humanos y su realización efectiva. Se argumenta a favor de la inclusión de técnicas de implementación que permitan la articulación entre las normas de uno y otro ordenamiento, en vez de su anulación recíproca.