Abstract

Resumen: Se analizan las relaciones entre procedimiento administrativo y proceso jurisdiccional. Para ello se utiliza el reclamo de ilegalidad municipal como contencioso administrativo especial, sin perjuicio que sus conclusiones pueden extrapolarse a la gran mayoría de los contenciosos. Se analiza la siguiente pregunta: ¿En qué medida las posiciones jurídicas, pretensiones, prueba y alegaciones que el ciudadano realiza en sede administrativa, resultan obligatorias y vinculantes en la etapa judicial? La hipótesis que se esgrime, es que sí existen esas relaciones de congruencia que influyen en la interpretación y alcance de las normas procesales aplicables, especialmente en el ámbito de la prueba, los hechos y las normas jurídicas que resuelven la controversia.