Abstract

En el contexto de las tensiones que ha vivido el Estado chileno, las injusticias de orden social y cultural están en la base de numerosos conflictos que hacen que una garantía amplia de los derechos de los pueblos originarios sea inaplazable. El marco de un proyecto constitucional participativo, capaz de identificar las condiciones para una reconfiguración igualitaria del pacto político. Esto será realizable a través de la conjugación de la diferencia articulada en un conjunto de valores cívicos compartidos que fundamenten un proyecto viable de nación para el conjunto de chilenos y de chilenas. Este proceso constituyente aparece como inmejorable punto de partida para el cambio en Chile; un momento constituyente que parte de una capacidad destituyente previa, esto es, de un empuje social capaz de expresar un claro rechazo respecto de algunos de los pilares estructurales del orden político. Para que de esto surja un proyecto convivencial transformador y viable, resulta necesario promover la confluencia de diálogos y alternativas que se puedan traducir en un nuevo constitucionalismo de los derechos, pero, sobre todo, en un nuevo constitucionalismo de los sujetos. En Chile viven nueve pueblos indígenas, sin embargo, es el único país latinoamericano cuya Constitución no los reconoce, sino que trata de invisibilizarlos bajo la fórmula decimonónica del Estado-nación unitario y monocultural. Es una excepción entre el resto de los países vecinos, quienes han incorporado reconocimientos de diversidad de culturas presentes y ciertas reconfiguraciones en el ejercicio del poder del Estado, de acuerdo con la afirmación de derechos territoriales y de autonomía de los pueblos. Desde estas líneas se hace una proyección de las principales previsiones constitucionales que en materia de derechos indígenas y de acuerdo con el paradigma del pluralismo jurídico, se espera que el nuevo proyecto constitucional chileno aborde.