Abstract

La realidad de los flujos territoiales que recibe el país desde inicios de los 90 plantea al Estado particualres desafíos que suponen, por cierto, el reconocimiento de un estatuto jurídico respetuoso de los derechos fundamentales de segunda generación; ello en atención a que estos, con fundamento en la dignidad humana, posibilitan la integración de los extranjeros en la sociedad de acogida y el éxito de su proyecto migratorio. El análisis de la normativa nacional en esta materia da cuenta de que ella no ofrece una respuesta satisfactoria a los desafíos y exigencias formuladas por la realidad migratoria contemporánea.