Abstract

En principio, al ser las cláusulas abusivas unas previsiones contractuales que rompen el equilibrio entre las prestaciones a cargo de las partes en un contrato, el derecho de consumo se ha ocupado de ellas para ayudar a determinar la asimetría de una relación contractual sin necesidad de acudir a los jueces. Sin embargo, los efectos que el Estatuto del Consumidor da a este tipo de cláusulas quedaron circunscritos a las relaciones en las que participen consumidores, excluyendo las relaciones entre comerciantes. Sin embargo, la jurisprudencia ha venido extendiendo el ámbito de aplicación de esta protección a los contratos asimétricos celebrados únicamente entre comerciantes, lo cual va en armonía con la tendencia legislativa internacional. La pregunta que se plantea en este estudio es si en Colombia debería seguirse esta misma tendencia a través de una reforma legislativa en ese sentido. Para ello se estudia un caso en particular, el del agente comercial colombiano que es contratado por un agenciado extranjero para desarrollar dicha actividad en el territorio nacional. En estos contratos suele existir una cláusula de renuncia al pago de la prestación conocida como cesantía comercial en caso de terminación unilateral del contrato. No obstante, comparada esta cláusula con lo que establece la legislación colombiana, se demuestra que tal cláusula es contraria a las reglas de orden público de Colombia, así como de otros países extranjeros, en particular los países de la Unión Europea. Contrariar el orden público es uno de los criterios admitidos por la jurisprudencia colombiana para aplicar la protección de las cláusulas abusivas a los comerciantes; sin embargo, la autora demuestra cómo es la misma Corte, por motivos políticos y de oportunidad, la que se niega a proteger al agente colombiano. En consecuencia, dejar solo a la jurisprudencia la tarea de desarrollar el ámbito de aplicación de las cláusulas abusivas vía su interpretación es insuficiente, justificándose así la necesidad de una reforma al Estatuto de Protección al Consumidor para incluir en ella a los comerciantes.