Abstract

Este artículo analiza la responsabilidad extracontractual de la Administración Pública chilena, derivada de la falta de acceso al agua potable para consumo humano, respecto de las comunidades rurales vulnerables que protagonizaron el denominado “caso Petorca”, resuelto en marzo de 2021 por la Corte Suprema. El trabajo persigue determinar si, en este caso, existen bases que permitan establecer una presunta responsabilidad por falta de servicio de dicha Administración, la que, de concurrir los demás elementos, harían procedente el pago de una indemnización de perjuicios en favor de las personas de dichas comunidades, como consecuencia de una actividad ilegítima vulneratoria de su derecho fundamental al agua potable.