Abstract

Durante la última década, Chile ha generado diversas medidas administrativas con la finalidad de ordenar y regular los flujos migratorios. En este escenario, se identifica que producto del cierre fronterizo por la pandemia y la implementación de políticas migratorias adoptadas por el Gobierno chileno desde 2018, aumentó la irregularidad y las sanciones hacia miles de ciudadanos extranjeros, particularmente de origen venezolano. Uno de los efectos detectados en la gestión restrictiva de estos flujos ha sido el ingreso por pasos no habilitados, ubicados en el extremo norte chileno, de niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados. Con todo, el objetivo de este trabajo fue conocer, desde una perspectiva exploratoria, la respuesta que ha generado el Estado chileno en el abordaje de la niñez migrante no acompañada y su protección. Para ello, se entrevistaron personas que se involucran en temas de infancia migrante y a informantes institucionales que trabajan en la materia. Concluimos que, pese a los tímidos esfuerzos del Poder Judicial por abordar la niñez migrante no acompañada, el Estado chileno no ha sido capaz de resguardar la protección de los niños, niñas y adolescentes no acompañados en contextos de movilidad forzada.