Abstract

Se analiza el conflicto existente entre agricultores y empresas sanitarias en torno a la propiedad de las aguas servidas tratadas que son evacuadas al río Mapocho producto del abastecimiento y saneamiento de la ciudad de Santiago, y que son utilizadas por los regantes que se ubican aguas abajo de los puntos de descarga de las plantas de tratamiento. El conflicto aquí advertido tiene ahora un nuevo elemento: un marco normativo que, a partir del año 2022, establece una prioridad en el uso de las aguas para el consumo humano y el saneamiento, distorsionando la redistribución equitativa del recurso hídrico en épocas de sequía.