Abstract

El trabajo realizado por las personas privadas de libertad constituye una herramienta para su reinserción social, conforme los tratados internacionales sobre la materia. En Chile, el marco normativo para el trabajo dentro de las cárceles está dado por un Reglamento del año 2011, regulando empleos precarios, con la consiguiente desprotección social de grupos vulnerables en lo que dice relación con seguros sociales, a pesar, que desarrollan una labor de aquellas que el Código del Trabajo reconoce como relación laboral. Dicha normativa es deficiente en la forma de regular el trabajo penitenciario y presenta problemas de legalidad en cuanto afecta derechos fundamentales como el derecho a la Seguridad Social, contrariando tratados internacionales. El estudio abordará particularmente las cárceles tradicionales, no las concesionadas.