Abstract

El trabajo pretende plantear que las denominadas empresas privadas del Estado, bajo un criterio sustancial, constituyen jurídicamente empresas públicas en aquellos casos en que éstas cuentan con participación mayoritaria del Estado o están bajo control estatal, superando una antigua y discutible distinción efectuada por la Contraloría General de la República entre empresas públicas y privadas de Estado, lo que genera consecuencias jurídicas en orden a la aplicación de los principios y normas de derecho público.